El Ministerio del Interior se niega a rebajar la severidad carcelaria a Eduardo Cardet, preso de conciencia condenado a tres años por el supuesto delito común de «atentado a la autoridad»
El régimen cubano sigue utilizando las detenciones arbitrarias, los despidos de funcionarios y el hostigamiento a «cuentapropistas» (incipiente sector privado) para silenciar las críticas. Así comienza Amnistía Internacional (AI) su informe sobre Cuba 2017/2018, divulgado la semana pasada, en un momento en que el país se encuentra en vísperas de un supuesto relevo generacional después de casi seis décadas de los hermanos Castro al frente de la dictadura. Aunque hay pocas novedades sobre las tácticas represivas del castrismo, el documento hace hincapié en la censura en internet, donde «se impusieron restricciones indebidas al acceso a la información y la libertad de expresión», en perjuicio de avances en materia educativa.
La ONG destaca que «un gran número de activistas, tanto políticos como en favor de los derechos humanos, continuaban siendo objeto de hostigamiento, intimidación y detención arbitraria». El año pasado, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (Ccdhrn) registró al menos 5.155 arrestos de opositores. Las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) o el «think-tank» Centro de Estudios Convivencia son algunos de los grupos más acosados por la Seguridad del Estado. En Cuba existen alrededor de un centenar de presos políticos, según la Ccdhrn. Amnistía recalca que en 2017 las autoridades cubanas «continuaban presentando cargos falsos por delitos comunes para hostigar y detener a representantes de la oposición política, lo cual significaba que había probablemente muchos más presos de conciencia que los documentados».
