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“La Unión Europea no puede continuar ignorando el agravamiento de la situación en Cuba”

Carta #20 de Elena Larrinaga de Luis para la UE. Unión Europea y Cuba: Paren en Acuerdo


El 1 de noviembre de 2017, Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Externos y Política de Seguridad, firmó con Bruno Rodríguez, canciller del gobierno cubano, el llamado Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE/Cuba. Hasta la fecha había funcionado en Europa la llamada Posición Común, aprobada por el Consejo de Ministros en 1996 y que se actualizaba cada seis meses tras las evaluaciones periódicas.

El objetivo de la Unión Europea en sus relaciones con Cuba es fomentar un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Cuba siempre rechazó esta Posición Común como una injerencia en sus asuntos internos, discurso que fue asumido por una parte de la UE sin entender que con la firma del Acuerdo Bilateral el gobierno de Cuba no iba a cambiar su discurso, por una causa muy sencilla: falta total de voluntad política.

Entendemos que para los defensores del Acuerdo una de sus fortalezas sería que el deshielo entre las partes acercaría las posturas y que las relaciones humanas cercanas llegarían a un punto de acercamiento y compromiso mutuo. Nada más lejos de la realidad. Los parámetros de conducta y de pensamiento son muy diferentes, por no decir antagónicos. Lo que unos consideran diplomacia otros lo interpretan como debilidad.

Desde la firma del Acuerdo (2017), las autoridades cubanas han violado entre otros el título II del mismo, que recoge temas relacionados con la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza; así como el título IV, referido al desarrollo social.

El gobierno de Díaz Canel ha intensificado la represión contra la prensa independiente y los activistas de la sociedad civil y la oposición. Esto se contradice no sólo con los estándares internacionales de derechos humanos sino con las normas establecidas en la nueva constitución, aprobada sectariamente por el régimen.

En 2018 el gobierno cubano plantea una reforma constitucional a la que fuimos todos invitados a participar. La Asociación Damas de Blanco, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba PDC junto con el Centro de Estudio Convivencia de Cuba, presentamos una propuesta de “REFORMA y TRÁNSITO CONSTITUCIONAL y MARCO JURÍDICO EN CUBA: DE LA LEY A LA LEY”. Esta propuesta de reforma era posibilista y perfectamente asumible por el gobierno cubano. Presentada ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y compartida con la comunidad internacional, fue totalmente desatendida por las autoridades cubanas.

La consecuencia es una reforma de corte estalinista. El origen del problema está en el hecho de que la regulación y el ejercicio de los derechos fundamentales están condicionados por la narrativa legal que rige a toda la constitución. Esta tiene su esencia en la supeditación de “todo” a los dictados del Partido Comunista de Cuba, ya que los tribunales de justicia y sus órganos están controlados por dicho partido único. Ese mismo Estado que dice que los derechos se pueden reclamar judicialmente, sofoca mediante la represión y la exclusión su ejercicio y reclamo.

El gobierno cubano ha ratificado los convenios de la OIT y es signataria de los Pactos de los Derechos Políticos, Civiles y Culturales de las Naciones Unidas. Según el derecho internacional, el incumplimiento de estos compromisos por parte de los Estados constituye violaciones de los derechos humanos.

Existen 20 convenciones de la OIT que continúan violándose (protección del salario y confiscación del mismo, trabajo forzoso, derecho de sindicación y negociación colectiva, entre otros). La exportación de servicios médicos es un claro ejemplo que se conoce hoy de manera directa, que ha sido bautizado por los cooperantes como una “esclavitud de las batas blancas”. El decreto 349 regula la producción cultural bajo control estatal, lo que ha producido una oleada de arrestos arbitrarios.

Las recomendaciones que hemos hecho al gobierno cubano son:

1.- La mejora de los derechos económicos, sociales y culturales en Cuba pasa por el cambio de las leyes, de las políticas públicas y las instituciones gubernamentales hacia la liberación del trabajo privado y corporativo para paliar la endémica falta de recursos del Estado.

2.- La necesaria creación y/o ejecución real de garantías constitucionales, procedimentales y jurídicas para que los ciudadanos puedan reivindicar y justiciar todos los derechos humanos dentro del país.

El gobierno cubano ha incumplido e incumple todos sus compromisos, internos y externos, por lo que consideramos que ya es hora de paralizar el acuerdo y de presionar a las autoridades cubanas con el objetivo real de que se cumplan los objetivos marcados.

La Unión Europea no puede continuar ignorando el agravamiento de la situación en Cuba. Tiene sobradas razones, por y para el bien de los cubanos, para paralizar el Acuerdo por incumplimiento. Decisión que estaría avalada no sólo por la razón sino por la ley.

Un último apunte para recordar que Lituania, Suecia, Países Bajos e Irlanda no han ratificado en sus respectivos parlamentos este Acuerdo con lo que esto significa para el desarrollo del mismo.

Elena Larrinaga de Luis