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Pedir justicia por la violación de una menor es contrarevolución


La desidia y el burocratismo han impedido que una menor, de 13 años de edad recién cumplidos el pasado mes de agosto, obtenga justicia después de haber sido víctima de una agresión sexual cometida por cinco individuos, todos mayores de edad, en una localidad del municipio habanero Cotorro.



Cleida García Díaz, madre de la menor y que en junio de 2019 sufrió la muerte de su bebé de tres meses de nacido por una mala praxis médica durante su período de gestación, relató cómo desde el pasado 6 de septiembre ‒día de la agresión sexual contra su hija‒ aún no han sido apresados dos de los implicados en la violación a la menor.

“Mi niña fue acosada y manipulada por un muchacho de 20 años de edad, a través de ToDus, quien la convenció finalmente para tener relaciones íntimas. Todo fue premeditado desde el principio, no fue casual ni al azar porque todos conocían a mi niña porque visitaban a uno de nuestros vecinos y sabían que era menor de edad. Todo indica que mi niña siempre fue un objetivo, y ahora es denigrada como si ella fuese la que propició el hecho de ser violada por cinco hombres a la vez”.  

El domingo 6 de septiembre, mientras la menor se dirigía hacia una cafetería cercana, fue interceptada por este individuo, quien se encuentra alistado en el Servicio Militar, quien le insistió en tener relaciones sexuales. En un inicio la menor dudó, pero el sujeto logró convencerla de ir a su casa para consumar el acto sexual.

“Pero cuando mi niña se iba a marchar se percató de que había otros cinco hombres en la casa que bajo amenaza la obligaron a tener sexo con ellos. Mi niña me dijo que accedió por temor a que le sucediera algo más grave y que había un sexto hombre que estaba mirando lo que hacían con ella”.

La abuela de la menor, preocupada por su tardanza, salió en su busca. Un vecino le indicó haberla visto marcharse con un individuo que vivía en las casas cercanas a la cafetería. Al llegar a la casa señalada y preguntar por su nieta, los sujetos allí presentes la empujaron fuera de la vivienda en cuestión y la maltrataron.

“Mi mamá corrió a avisarme y de inmediato llamé a la policía. Lograron arrestar a tres de los hombres que violaron a mi niña, pero a los otros dos la policía jamás se interesó por buscarlos. Los hechos ocurrieron el domingo, y el lunes a los tres arrestados los liberaron bajo investigación y con una medida cautelar”.

Al dirigirse al Técnico de Alamar para indagar por qué habían liberado a tres de los agresores de su hija ni habían capturado a los otros dos, la madre de la menor recibió de parte del investigador identificado como Carlos, Jefe de Instructores, una respuesta inaudita: que no había transporte disponible, y que los otros fueron liberados por el problema del Covid-19 y que los juicios están paralizados.

“Le repliqué por qué no se emitía una orden de búsqueda y captura a la policía del Cotorro, y que cómo eso no se aplicaba a los casos que presentan en el Noticiero para los que sí hay transporte, juicios y cárcel”.

Tres de los agresores están reclutados en el Servicio Militar, y según le aseguró el Instructor a cargo de la investigación, serán procesados por la Fiscalía Militar.

“Dos de ellos se habían fugado de la unidad militar para cometer la violación de mi niña. En el barrio hay comentarios de que existe un video de la violación de mi niña, y otros comentarios que desprestigian a mi niña. Mi niña fue criada prácticamente dentro de la casa, no es de andar por la calle”.

Como agravante de la agresión sexual contra la menor, resultaron secuelas que podrían ser de por vida como consta en los certificados médicos.

“Tres de los que violaron a mi niña eyacularon dentro de ella, y le trasmitieron una bacteria. A estas alturas mi niña aún no ha menstruado. A consecuencia de lo que sucedió tiene afectación psicológica severa. Está bajo tratamiento por ambas cosas. La llevaron a Medicina Legal, pero hasta ahora nadie nos ha dado ninguna respuesta o diagnóstico más allá de la confirmación de la enfermedad que le trasmitieron”.

Artículo 298. 2 del Código Penal en la isla sanciona, con privación de libertad siete a quince años, al que tenga acceso carnal con una mujer, sea por vía normal o contra natura, si el hecho se ejecuta con el concurso de dos o más personas, y si la víctima es mayor de doce y menor de catorce años de edad.

El Apartado 3 por su parte sanciona, con privación de libertad de quince a treinta años o muerte, si como consecuencia del hecho, resultan lesiones o enfermedad graves, y si el culpable conoce que es portador de una enfermedad de transmisión sexual.

“Toda la declaración de mi niña sobre lo ocurrido está grabado en un disco y en manos de la Fiscalía. Es posible que haya hasta soborno, porque hasta ahora no ha pasado absolutamente más nada y esos hombres están en la calle, riéndose de lo que hicieron a mi niña. Si mi niña fuese familia de alguien importante, o fuese una vaca, o esos tipos hubiesen robado al Estado, entonces sí estarían presos.”

Cleida García Díaz ha sido advertida de que denunciar con la prensa independiente o en las redes sociales la violación de su hija “es contrarrevolución y que podría ir presa”.

Los casos de agresión sexual contra menores han aumentado en la isla, donde prima la desidia, el burocratismo y hasta la corrupción y soborno por parte de las autoridades policiales y de la Fiscalía.

“Llamé a Fiscalía provincial y me dijeron que redactara un escrito y lo presentara en la Fiscalía municipal del Cotorro. Que si no me daban respuesta entonces remitiera el escrito a ellos. No me importa si voy presa o acusada de contrarrevolución, pero no descansaré hasta que no haya justicia para mi niña”.

Lester Rodríguez