Amnistía Internacional (AI) lamentó la situación de represión a la libertad de expresión y de asociación que se ha mantenido en Cuba "pese al restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos en 2015".
En el informe 2016/2017 que presentó este miércoles la organización sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo, criticó que en la Isla persiste "la retórica de Guerra Fría y los activistas políticos y los defensores y defensoras de los derechos humanos eran tachados públicamente de 'mercenarios anticubanos', 'contrarrevolucionarios' y 'subversivos'".
Destacó cómo "las leyes que tipifican los 'desórdenes públicos', el 'desacato', la 'falta de respeto', la 'peligrosidad' y la 'agresión' se utilizan para procesar por motivos políticos. Las personas críticas con el Gobierno seguían siendo objeto de hostigamiento, como los 'actos de repudio'".
"El Gobierno (cubano) continuó haciendo uso de las restricciones del acceso a internet como método fundamental para controlar tanto el acceso a la información como la libertad de expresión… seguía bloqueando y filtrando sitios web, para restringir el acceso a la información y a las críticas hacia las políticas del Estado", señaló AI.
Según recoge el documento de la organización, en 2016 "seguían conociéndose casos de personas críticas con el Gobierno y activistas —como las Damas de Blanco— que eran sometidas de forma habitual a arrestos arbitrarios y breves periodos de detención por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y circulación".
En tal sentido citó a la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), que documentó una media mensual de 862 detenciones arbitrarias entre enero y noviembre, un incremento respecto al mismo período de 2015.
Denunció que "con frecuencia no se presentaban cargos contra las personas recluidas en 'prisión provisional' durante períodos más largos, y sus familiares raras veces recibían documentación que explicara el motivo de la detención".
Recordó las huelgas de hambre del premio Sajarov Guillermo Fariñas y otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba y el caso de encarcelamiento del artista de grafitis y preso de conciencia Danilo Maldonado Machado, tras la muerte de Fidel Castro.
"Las organizaciones y mecanismos independientes de derechos humanos, incluidos los relatores especiales de la ONU, no tenían acceso a Cuba. También se negaba el acceso a las prisiones a observadores independientes. Cuba seguía siendo el único país de la región de América cuyas autoridades no permitían las visitas de AI", condenó el informe.
El texto también recogió detalles de la crisis migratoria generada entre octubre de 2015 y julio de 2016, durante la cual más de 46.000 personas de la Isla entraron en Estados Unidos, algo más que en 2015 y el doble que en 2014, según el Centro de Investigaciones Pew.
Por último el informe señala que La Habana en 2016 "no había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —ambos firmados en febrero de 2008—, y tampoco el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional".
"Asimismo, no había reconocido la competencia del Comité contra la Tortura ni del Comité contra la Desaparición Forzada, ambos de las Naciones Unidas, para recibir y examinar comunicaciones presentadas por víctimas o por otros Estados Partes".
